La Comisión Europea denuncia a España por la mala depuración de sus aguas residuales

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La Comisión Europea ha decidido llevar a España, una vez más, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su mala depuración de las aguas residuales urbanas. El procedimiento afecta a 133 puntos que no cumplen con la directiva del ramo y por la que las ciudades están obligadas a poner en marcha las infraestructuras necesarias para recoger y tratar sus aguas residuales urbanas, eliminando o reduciendo así todos sus efectos no deseados cuando se vierten en las masas de agua.

No es la primera vez que la Comisión lleva a España ante los tribunales por el incumplimiento en la depuración de aguas residuales, que han acabado en varias sentencias condenatorias y multas millonarias. En el caso de las 133 aglomeraciones ahora afectadas, la Comisión lleva avisando a España al menos desde 2016 de que está incumpliendo los estándares europeos. Ese año envió una carta de emplazamiento, que fue seguido por un dictamen motivado en febrero de 2020 pidiendo que cumpliera plenamente lo dispuesto en la directiva.

Ahora el Ejecutivo europeo reconoce que España ha hecho «progresos», pero «sigue teniendo que velar por la existencia de sistemas colectores», ha explicado en un comunicado. Además, también debe «redoblar sus esfuerzos por garantizar que las aguas residuales recogidas reciban un tratamiento suficiente para alcanzar los niveles pertinentes en la materia».

Las aguas residuales no tratadas pueden estar contaminadas con bacterias y virus, por lo que suponen un riesgo para la salud humana y pueden contaminar lagos, ríos, suelos, costas y aguas subterráneas. Contienen asimismo nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, capaces de dañar las aguas dulces y el medio marino al favorecer la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida, proceso denominado eutrofización.

La directiva tiene por objeto proteger el medio ambiente de los efectos adversos de las aguas residuales urbanas procedentes de los sectores doméstico e industrial. Con arreglo a la Directiva, las ciudades están obligadas a poner en marcha las infraestructuras necesarias para recoger y tratar sus aguas residuales urbanas, eliminando o reduciendo así todos sus efectos no deseados cuando se vierten en las masas de agua.

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