Investigado por homicidio imprudente un geriátrico de Premià con 87 fallecidos por Covid

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Un juzgado de Mataró investiga al director y a la responsable médica de un geriátrico de Premià de Mar (Barcelona) donde murieron 87 residentes por Covid
durante la primera ola de la pandemia, entre marzo y mayo de 2020. Fue la Fiscalía la que presentó una querella contra ambos por homicidio imprudente, lesiones y trato degradante.

Se trata del centro Domus Vi Ca N’Amell, que la Generalitat intervino en abril de ese año y cuya gestión pasó a manos del Consorci Sanitari del Maresme, al detectar un «alto índice de mortalidad». Por ello, el Departamento de Salud alertó al Ministerio público para determinar si se había producido alguna actividad negligente.

«Tras la entrada del Covid en el centro residencial se desencadenó un reguero de fallecimientos» y la situación no se estabilizó hasta junio de 2020, señala la Fiscalía. Entre el 1 de marzo y 18 de abril fallecieron 64 residentes. En el mes siguiente, murieron 23 más.

Además, en su querella, el Ministerio público manifiesta que con anterioridad a la crisis sanitaria, la «atención prestada a los residentes ya presentaba graves déficits». De hecho, durante las noches y los fines de semana no había personal médico ni enfermero.

Una falta de personal que «comportaba que no pudiera alimentarse e hidratarse convenientemente a los usuarios dependientes, que por ello padecían importantes pérdidas de peso y deshidratación con graves repercusiones para su salud».

También dejaba sin medicación inyectable -insulinas o paliativos- a los residentes durante las noches o los fines de semana «por falta de personal cualificado». Así, debían esperar a la llegada de los servicios de emergencias médicas, «con el consiguiente sufrimiento físico y psíquico en sus últimas horas de vida».

Muchos de los usuarios requerían tratamiento con oxigenoterapia que, en ocasiones, no les era suministrada. Tampoco les cambiaban la ropa y los pañales. Los timbres de las alarmas estaban inutilizados, y los pacientes dependientes no podían pedir ayuda.

Según la tesis del Ministerio público, tras detectar tres casos de Covid, el centro no aisló a los enfermos, lo que facilitó la expansión del virus entre el resto de residentes. A pesar de que el Servicio de Vigilancia Epidemiológica recomendó modificar los protocolos del geriátrico, desde éste hicieron oídos sordos.

Por este motivo, por la «gravedad del sufrimiento gratuitamente provocado a los usuarios«, desde la desatención a la que fueron sometidos, con el conocimiento, tanto del director del centro, como de su responsable médica, la Fiscalía ha presentado una querella contra ambos por homicidio por imprudencia profesional grave, lesiones y trato degradante.

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