Escrivá impondrá por decreto comisiones del 0,4% máximo para los nuevos planes de pensiones de empleo

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El Gobierno está acelerando los trámites para poner en marcha los nuevos planes de pensiones de empleo. En las últimas horas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha trasladado a los agentes afectados por la implantación del nuevo fondo público de pensiones un proyecto de real decreto que fija ya algunos parámetros clave del reglamento que irá asociado a estos vehículos de ahorro. Concretamente, en la propuesta a la que ha tenido acceso ABC, el Gobierno fija los límites de costes a los que se tendrán que ajustar las empresas que administren los ahorros en estos planes: un 0,3% por la gestión y un 0,1% por los depósitos . En total, las comisiones que soporte el trabajador que ahorre en los planes de pensiones de empleo no superarán el 0,4% por ley. En la propuesta, más allá, el Gobierno reconoce cierta demora en la puesta a punto del fondo de pensiones de promoción pública. Aunque el Ejecutivo cumplió con el hito normativo impuesto por Bruselas para la mitad de año, con la aprobación del proyecto de ley de la norma en el Congreso de los Diputados a comienzos de junio, aún falta por elaborar la reglamentación sobre el funcionamiento de los mismos. De hecho, el instrumento como tal no estará activo al menos hasta comienzos de 2023. Cabe recordar, que aparte de ajustar el reglamento del vehículo de ahorro también debe completarse el proceso de concurso público al que se someterán las empresas privadas que quieran administrar estos ahorros. Para entonces, el Ejecutivo también debería haber fijado los límites mínimos de patrimonio bajo gestión o depósito que determinarán las características y requisitos para las empresas potencialmente seleccionables. «El presente real decreto establece el desarrollo reglamentario preciso de la referida Ley 12/2022, de 30 de junio, para su efectiva puesta en práctica, recogiendo por tanto los elementos imprescindibles que permiten su aplicación», aclara la propuesta. De este modo, el Gobierno cumple con su intención de imponer unos bajos costes para los ahorradores que acudan al fondo público, lo que además constituye uno de los principales atractivos para el éxito de estos planes con los que el Gobierno espera llegar en el medio plazo a 10 millones de trabajadores, con un patrimonio bajo gestión superior a los 300.000 millones de euros. Antes de lanzar este decreto con parte del desarrollo reglamentario el Ejecutivo se había visto obligado a retirar del proyecto de ley estas limitaciones de costes como parte de las exigencias del sector privado. De hecho, de cara a este momento de detallar con más concreción las características de estos planes, las empresas del sector habían trasladado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá , la necesidad de flexibilizar estos topes, tanto los de los costes como los de patrimonio bajo gestión requerido para poder optar a la adjudicación, para poder dar cabida a operadores con menor tamaño de negocio, y no que estas condiciones dejasen espacio a unas pocas compañías con grandes volúmenes de negocio. Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 1640 Código APP «Las comisiones devengadas por las entidades gestoras adjudicatarias de Fondos de Pensiones de Empleo de promoción pública abiertos, incluyendo la retribución fija y, en su caso, la parte determinada en función de resultados, así como las retribuciones correspondientes a las entidades en las que se hubieran delegado funciones no podrán resultar superiores, por todos los conceptos, al límite del 0,30% anual, referido al valor de las cuentas de posición a las que deberán imputarse», señala el texto elaborado por el Gobierno conjuntamente con la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, y para el que también se ha contado con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Por su parte, las comisiones devengadas por las entidades depositarias adjudicatarias de Fondos de Pensiones de Empleo de promoción pública abiertos, así como las retribuciones correspondientes a las entidades en las que se hubieran delegado funciones «no podrán resultar superiores, por todos los conceptos, al límite de 0,10% anual, referido al valor de las cuentas de posición a las que deberán imputarse». Falta de atractivo Sin embargo, la imposición de este corsé sobre los costes para los nuevos planes no mejora sustancialmente el atractivo del instrumento financiero en comparación con la oferta actual del mercado . Es más, la horquilla que prevé aplicar el Gobierno podría llegar a suponer mayores costes para el ahorrador con plan de pensiones de empleo de lo que ahora paga. De media, según las estimaciones del propio sector, los planes de empleo soportan actualmente una comisión media de gestión del 0,21%, mientras que el coste de los depósitos apenas asciende al 0,02%. Es decir, de media, se paga un 0,23% en estos planes, casi la mitad del 0,4% máximo que fijará el Gobierno en los planes simplificados de promoción pública. Y este es precisamente el principal obstáculo que podría encontrar la ley aprobada por el Gobierno. Realmente, el potencial de la medida se fía al traslado masivo de los ahorros que ahora se encuentran depositados en planes de pensiones individuales , y que sí tienen un coste mayor que los planes de empleo. En la actualidad, estos partícipes asumen de media un coste de gestión del 1,06% y del 0,12% por el depósito de los mismos. En suma, casi un 1,2% . Es decir, si este ahorrador trasladase su patrimonio sí que se beneficiaría de una reducción de costes de hasta el 66%. MÁS INFORMACIÓN El fondo público de pensiones nace con un 50% menos de incentivos fiscales para autónomos que asalariados Por ello, en la ley de planes de empleo de promoción pública se facilitan y amplían las posibilidades para que los 3,2 millones de autónomos se acoplen a un fondo de pensiones de empleo, que podrán suscribir un plan a través de una de las asociaciones representantes del colectivo, y que al margen de los costes también podrán deducirse hasta un total de 5.750 euros en el IRPF cada año.

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