De Toni Cantó a Javier Maroto: otros empadronamientos con polémica que precedieron al de Olona

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Empadronarse en una ciudad en la que no se reside con fines puramente políticos no es algo que haya inventado Macarena Olona. Censada en Salobreña, una ciudad granadina en la que jamás ha vivido para poder ser candidata por Vox en las elecciones andaluzas, es solo la última política que ha utilizado con picaresca el censo para cumplir con la ley electoral antes de unas elecciones, pero no hay que echar la vista muy atrás para recordar el salto de Toni Cantó a las listas del PP de Madrid tras dejar las Cortes Valencianas o el censo in extremis de Javier Maroto en un pueblo de Segovia de 113 habitantes para ser senador.

Olona nació en Alicante y ha residido en Burgos y el País Vasco en el ejercicio de abogada del Estado. Nunca ha vivido en Andalucía, pero eso no le impidió ser diputada por Granada. Sin embargo, y como la ley electoral exige llevar un determinado periodo de tiempo residiendo en una comunidad para poder ser candidato a presidirla, la parlamentaria se empadronó en el domicilio de un compañero de partido el pasado noviembre de cara a las elecciones andaluzas.

Si bien el Ayuntamiento de Salobreña dio de baja su empadronamiento al entender que no vivía en la localidad, la Junta Electoral ha avalado este lunes la candidatura de Olona por cumplir al menos el tiempo suficiente de empadronamiento, sin entrar a valorar si residía o no en el municipio.

Cantó, de las Cortes Valencianas con Cs a las listas del PP de Madrid
Este requisito no lo cumplía en su día Toni Cantó. El actor, que tras pasar por UPyD fue diputado en las Cortes Valencianas bajo las siglas de Ciudadanos, pasó a formar parte de las listas del PP de Madrid que encabezaba Isabel Díaz Ayuso de cara a las elecciones de 2021 tras la ruptura con su socio de gobierno. El actor se empadronó a finales de marzo en Madrid, pero la ley electoral exige que para formar parte de las listas de la Comunidad hay que estar empadronado antes del 1 de enero del año electoral.

Los populares ya habían advertido a Cantó durante las negociaciones, que comenzaron meses antes, de que este era un requisito para ir en las listas, pero éste permaneció censado en Valencia hasta que se anunció su participación en el equipo de Ayuso, por lo que finalmente tuvo que ser expulsado. Este hecho, sin embargo, no le impidió ocupar más adelante un alto cargo en la Comunidad: solo meses más tarde fue nombrado director de la Oficina del Español, una entidad de nueva creación.

Javier Maroto, exalcalde de Vitoria en un pueblo de Segovia
Tras el batacazo electoral del PP en 2019 -apenas consiguió sumar 66 diputados cosechando el peor resultado de su historia-, muchos de los nombres importantes de Pablo Casado se quedaron fuera del Congreso. Uno de ellos fue Javier Maroto, entonces vicesecretario de Organización y director de campaña del PP, tras no conseguir representación por Álava.

El exalcalde de Vitoria era uno de los hombres fuertes de Casado y quedarse fuera del Congreso supuso un golpe duro para los populares, que le propusieron como senador por Castilla y León pese a no tener ningún tipo de vinculación con esta comunidad. Como el único requisito para conseguir el escaño era estar empadronado en ella, el vasco se censó en Sotosalbos, un pueblo de 113 habitantes perteneciente a la provincia de Segovia.

Su polémico empadronamiento volvió a salir a colación hace solo unas semanas tras un lapsus del vasco sobre las provincias que componen Castilla y León. Tras bendecir el pacto de gobierno entre PP y Vox en esta comunidad, afirmó que era positivo para las «ocho provincias» de Castilla y León, cuando en realidad son nueve.

Ahora, el polémico empadronamiento de Olona en Salobreña ha llevado al Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) a solicitar al Ayuntamiento de Sotosalbos, gobernado por el Partido Popular, que tramite la baja en el padrón de Maroto con la «misma celeridad» con la que ha actuado el granadino ya que, casi tres años después de su alta en el padrón municipal «nadie puede afirmar que el popular realmente resida en la localidad castellanoleonesa».

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