Comunidades de PP y PSOE se alían para librar la batalla de la financiación al margen de Moncloa y Génova

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El próximo ciclo electoral autonómico asoma ya en el horizonte. Poco más de año y medio hasta entones, salpicado a buen seguro con las elecciones andaluzas. Y con ruido de sables en Comunidad Valenciana o Castilla y León. Esa contienda estará inevitablemente marcada todavía por las consecuencias de la respuesta económica a la pandemia. Y ahí la reivindicación principal de las regiones es un cambio en el modelo de financiación autonómica
. El Gobierno es reacio a comprometerse con un cambio del modelo, pese a que se trata de una cuestión que se acordó impulsar con algunos de los socios de la investidura del Gobierno de coalición. Singularmente con Compromís. Una cuestión que compromete al Gobierno valenciano de Ximo Puig. Es el gobierno más importante para los socialistas. Y una de las batallas más cruciales en ese ciclo autonómico.

El Gobierno toma posiciones para aguantar el pulso regional. Con una estrategia en tres pasos: enfriar la sensación de premura, avanzar alguna medida y vincular desde el primer momento al Partido Popular para trasladar la responsabilidad de que el debate no tenga una resolución inmediata.

El anterior modelo se aprobó en el año 2009, y está pendiente de renovación desde 2014. Ni los últimos Gobiernos de Mariano Rajoy ni los de Pedro Sánchez han podido desatascar la situación. El hecho de que el escenario electoral asome ya a medio plazo ha hecho que los gobiernos regionales coloquen este asunto de nuevo en el tapete. Y lo han hecho con un repliegue nítido hacia sus necesidades territoriales, abandonando en su mayoría consignas partidistas. Un clásico en los debates sobre la financiación autonómica. Pero que había perdido intensidad en los últimos años.

Esta semana se han visibilizado alianzas transversales entre las regiones. Con un nivel de conexión entre los diferentes mandatarios que está muy lejos del actual estado de las relaciones entre las direcciones nacionales del PP y el PSOE. El Gobierno vive este debate con angustia porque se interpreta como «tremendamente complicado» poder cerrar un acuerdo sobre esta cuestión, asegura un miembro del Gobierno. En esa convicción se enmarcan las palabras de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que durante su jornada del pasado jueves en Valencia echaba un jarro de agua fría en las pretensiones de una región cuya infrafinanciación reconocen todos los estudios en la materia. Calviño aseguró que la «prioridad» ahora del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero es la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Derivando la resolución de esta cuestión a los «próximos años».

Primer paso en noviembre
Sus palabras causaron preocupación en el mundo político y empresarial valenciano. «Dijo lo que tenía que decir, porque tener un nuevo modelo no será inmediato», descargan en el Ejecutivo. Desde varias comunidades reivindican, pese a sus diferencias, que hay una cosa que tiene que cambiar: el peso de las comunidades en el gasto público tiene que aumentar porque afrontan las prestaciones más caras y de carácter estructural. El Ejecutivo justifica el retraso en que la pandemia echó al traste la hoja de ruta que se había creado. Pero no se quiere trasladar la idea de que el Gobierno no trabaja en la cuestión. Se asegura desde el Ministerio de Hacienda que «en principio en el mes de noviembre» se pondrá encima de la mesa una propuesta que sirva de base para empezar la negociación.

Lo que se presentará en el mes de noviembre será una propuesta sobre población ajustada. Es la clave de todo, determinar qué variables (demografía, densidad de población, insularidad, envejecimiento poblacional o volumen de población) y cuánto pesa cada una en la fórmula utilizada. Hacienda ya se prepara para ese momento: «Cada uno quiere que la variable que le beneficie sea la que más pese. Aquí se trata de establecer un criterio que no contente al cien por cien a nadie», dicen fuentes gubernamentales.

Pero en el Gobierno, en esto como en casi todo, se descargan de la responsabilidad anticipando las dificultades por alcanzar un acuerdo: «El objetivo es aprobar la reforma, pero para eso es necesario también la voluntad del PP», dicen en el Gobierno. En el Gobierno dicen no encontrar el clima como para alcanzar un acuerdo de esa magnitud con Pablo Casado. «Lo veo imposible». Ahora el pulso se encuentra en una fase anterior. En la tensión entre las regiones más urbanas y pobladas y las que tienen una estructura más rural con tendencia al envejecimiento y la dispersión. Un movimiento al margen de las siglas que ni Moncloa ni Génova parecen en condiciones de controlar.

Moreno y Puig reclaman que prime la financiación por habitante
El próximo 21 de septiembre se reunirán en Sevilla el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Estas regiones plantean corregir un modelo que arroja una infrafinanciación para sus regiones si se calcula en función del volumen de población. La Región de Murcia, como comunidad uniprovincial, de dimensiones reducidas y con la influencia en su economía del litoral mediterráneo se encuentra cómoda junto a estas dos regiones que reivindican una financiación en función del volumen de población. Las tres están a la cola en financiación por habitante.

Siguiendo este criterio de financiación por habitante también podría estarlo la Comunidad de Madrid. Pero por el momento no ha dado muestras de querer visibilizar una alianza en esta defensa de la financiación en función de la población. Pero el discurso de Madrid es sencillo. Actuar como secante de Cataluña, reivindicar que es la región que más aporta a la solidaridad regional y defender su política fiscal frente a los ataques de otras regiones. Díaz Ayuso reclamará que la población pero también la recaudación sean los criterios fundamentales. «No se puede tratar en mesas bilaterales con los independentistas, porque no se van a contentar jamás ni están buscando el beneficio del conjunto de España», dijo Ayuso la pasada semana.

No son buenas las relaciones con la Generalitat Valenciana, que ha sido de las regiones más combativas al reclamar una política fiscal diferenciada para la región que preside Isabel Díaz Ayuso para compensar, dicen, los beneficios que tiene por el hecho de acoger la capital del Estado.

Page activa el bloque de la España dispersa frente a las grandes urbes
Como contrapeso al bloque que lideran Andalucía y la Comunidad Valenciana, que reclaman financiación en función del volumen de población, se articula un grupo de regiones que se preparan para dar la batalla. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado esta semana una alianza que ya tuvo su germen en 2018. Entonces impulsada por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el entonces mandatario asturiano, Javier Fernández.

Por parte socialista aparecen unidos Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias y se incorporaría Extremadura. Varias fuentes de estas regiones tienen más dudas sobre si La Rioja se mantendrá en este frente. En el lado popular aparecen unidos Galicia y Castilla y León.

Estas regiones reivindican que el sistema de financiación tiene que ser útil para «combatir el fenómeno de la despoblación». El envejecimiento de la población y la dispersión en aquellos territorios de mucha superficie, además de la orografía, muy especialmente en el caso asturiano, es lo que hace a estas comunidades reivindicar que aunque los servicios se prestan a las personas, «no cuesta lo mismo» hacerlo en estas regiones que en aquellas que tienen una alta densidad de población. Reivindican además que la prestación de servicios a poblaciones más envejecidas tiene «un mayor coste».

Este grupo de regiones tienen claro que concentrarán sus reclamaciones en la necesidad de incrementar el gasto público del conjunto de comunidades para financiar sanidad, educación y prestaciones sociales: «Ni embajadas ni televisiones. El que quiera eso que lo pague aparte», dicen.

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