Caso Bar España: nueve personas irán a juicio por difundir un bulo sobre políticos pederastas en Castellón

Comparte este post

La difusión de uno de los mayores bulos de la crónica negra del país se dirimirá en los tribunales más de dos décadas después. El Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón ha abierto juicio oral contra nueve personas por el conocido como caso Bar España, que situaba en Benicarló una red de pederastas formada por gente relevante que agredía sexualmente y asesinaba a menores internos en un centro de la localidad castellonense durante la realización de ritos satánicos. Una banda que, según los acusados, estaría encubierta, además, por jueces, policías y guardias civiles.

Los responsables de afirmar que la capital de la Plana era «un paraíso» para pedófilos e incluso manifestarse frente al juzgado en 2017 cuando la investigación estaba en marcha, se sentarán en el banquillo por delitos contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad contra autoridades, funcionarios y particulares. Además, a uno de ellos se le procesa también por denuncia falsa.

La magistrada les pide una fianza de 2,4 millones de euros -en metálico o en bienes- para garantizar el pago de posibles indemnizaciones a los afectados si así lo estima la sentencia que se dicte. Una cantidad que deben abonar de forma conjunta y que también afronta el editor del periódico digital Aquí actualidad como responsable civil del mismo, pues fue una de las plataformas que se utilizaron para lanzar mentiras.

Tras finalizar la instrucción, la juez responsable determinó que, al menos desde 1998, algunas personas -entre ellas, el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps o la magistrada Sofía Díaz- «han venido siendo objeto de continuas informaciones falsas aparecidas en distintas páginas, blogs y canales» de televisión, relacionándoles «con una organización de corrupción mafiosa, política, judicial y de pederastia» que mantenía reuniones en el citado restaurante -que contaba con habitaciones- para cometer «hechos atroces», todos ellos «rotundamente falsos».

Una campaña de «acoso y desprestigio público» que, según el auto de procedimiento abreviado publicado en marzo de 2021, comenzó el dueño de una peluquería ya fallecido y condenado con anterioridad por este asunto, y por la que se han realizado multitud de denuncias falsas a distintas instancias jurídicas.

La juez indicó que los encausados han actuado «de forma infamatoria contra los perjudicados, atentando gravemente contra su integridad moral e, instigando artificialmente un odio contra sus víctimas, afectando a su honor». Los promotores de este bulo que circula desde los noventa señalaban también como encubridores a actuales cargos de la Generalitat, como su vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra.

Los menores que supuestamente fueron objeto de actos sexuales y agresiones, según señalaba el auto, reconocieron que esas acusaciones no eran ciertas. Asimismo, explicaron que el principal impulsor de la trama inventada les obligó, aprovechando sus días de permiso del centro de menores en el que se encontraban internados por sus circunstancias familiares, a aprenderse unos textos en los que relataban las agresiones para grabarlos en la parte superior de su local de su peluquería o en sus propios domicilios. Sus progenitores, de hecho, también fueron condenados por estas falsedades.

«Durante años, internautas especializados en la propagación de bulos y en la difusión de teorías conspiratorias, difundieron la historia y la publicaron y mantuvieron en distintos foros», destacaba el escrito judicial, por lo que se acordó seguir el procedimiento contra los responsables de varias publicaciones digitales que afirmaron, entre otras cosas, que «casi un centenar de niños fueron violados de forma continuada en Castellón durante más de una década».

Al respecto, a uno de los encausados -conocido en redes con el seudónimo de ‘Técnico preocupado’- se le practicó en 2016 un registro domiciliario en el que se intervino documentación sobre el caso. Otro aseguró en medios de comunicación que no estrenaba el documental que él mismo había grabado sobre este asunto por miedo a represalias.

Rechaza más medidas cautelares
En un nuevo acto fechado en diciembre de 2021, la juez señala al Juzgado de lo Penal de Castellón que por turno corresponda como órgano competente «para el conocimiento y fallo de la causa». El juicio todavía está a la espera de fecha concreta, pues están pendientes de resolverse los recursos de apelación de los procesados ante la Audiencia Provincial.

Del mismo modo, rechaza las medidas cautelares que solicitaban la Fiscalía y el resto de acusaciones, entre las que se encuentra la Abogacía de la Generalitat: pedir a la Agencia Española de Protección de Datos que se dirigiera a Google, Yahoo, Facebook o Twitter, entre otros canales de información, para que bloquearan cualquier publicación relacionada con el caso.

La magistrada entiende que esa petición se debería haber efectuado en fase de instrucción y no está justificada ahora, por lo que emplaza a que se valore como pena de cara a una futura sentencia.

Quizás te interese...

Generated by Feedzy
A %d blogueros les gusta esto: