Campaña a la puerta de los colegios: 120 familias piden educación en español en Baleares

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Desde que el Gobierno balear comandado por la socialista Francina Armengol suprimió la casilla de enseñanza en castellano en las hojas de matrícula en 2016, cada vez menos padres se atreven a solicitarla. Al boicot de la Conselleria de Educación se suma la falta de información para reclamar. «Pero si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma», se propusieron PLIS. Educación y Sociedad Civil Balear, que en febrero lanzaron una campaña de información a las puertas de los colegios para informar a las familias del deber que tienen los centros escolares de impartir en castellano al menos el 25% del horario lectivo y en al menos en una asignatura troncal.

Con un folleto en mano, voluntarios de ambas entidades han recorrido colegios a colegio, y han conseguido más de 120 solicitudes en apenas dos meses. «Una cifra muy meritoria«, sostienen satisfechos, tras comprobar el miedo que las familias tienen a que sus hijos sean señalados.

«Muchos padres están en contra de la inmersión lingüística que impera en las aulas», aseguran ambas asociaciones defensoras del bilingüismo en la educación, que ofrecen asesoramiento a las familias. Les ayudan a reclamar y exigir formalmente a los directores la aplicación del ordenamiento jurídico, a raíz de la sentencia del colegio de Canet, en Cataluña, en la que se reconoce el castellano como lengua vehicular en el 25% del horario y en una materia troncal.

Enseñanza monolingüe, ilegal
PLIS y Sociedad Civil Balear aseguran que los padres apoyan la presencia del castellano como lengua vehicular y entienden que el catalán se aprende y promociona también con una enseñanza bilingüe. Recuerdan que la enseñanza monolingüe en comunidades autónomas con dos lenguas oficiales «es ilegal», pues el modelo lingüístico contemplado en las leyes y normativa estatales y autonómicas, y sancionado por la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, es de «conjunción lingüística».

En total, se han registrado formalmente 120 solicitudes de padres a los directores de los centros escolares baleares donde estudian sus hijos, exigiendo que el castellano sea también vehicular, aunque las entidades creen que podrían ser más. Una parte de las reclamaciones está en la primera fase de solicitud ante el director del centro y otras en la segunda fase de recurso de alzada ante el conseller de Educación, Martí March, quien acaba de aprobar su primera ley educativa relegando al castellano como lengua vehicular.

Ley de Educación de Baleares
Un día antes de su aprobación en el Parlamento balear, March, cargo electo del PSOE, aceptó ‘in extremis’ suprimir los puntos que hacían referencia al español como lengua vehicular de la enseñanza, que se preveía en el borrador de la primera Ley de Educación de las Islas Baleares y que se había pactado con el PP para conseguir una ley de consenso. March cedió ante las presiones de los socios nacionalistas de Més per Mallorca y de entidades independentistas como la Obra Cultural Balear (OCB) o la Plataforma per la Llengua, que habían llamado a manifestarse y a promover un voto de castigo contra el Gobierno tripartito (PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més) si daba un espacio al castellano en la educación.

PLIS y SCB hacen un llamamiento para que más padres den un paso al frente y se pongan en contacto con ellos para asesorarlos y ayudarlos en la gestión sin ningún coste económico.

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