El Ministerio de Sanidad intensifica la supervisión sobre la práctica de abortos en la sanidad pública
El Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, ha alertado a las comunidades autónomas sobre la necesidad de garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los centros públicos. En este sentido, se ha elaborado un informe que recopila datos sobre las intervenciones realizadas tanto en la sanidad pública como en la privada, y que servirá para determinar futuras medidas legales contra aquellas comunidades que incumplan esta obligación.
Derivaciones a la sanidad privada en Ceuta y Melilla: un foco de preocupación
Un aspecto destacado del informe es la situación particular de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuya sanidad depende directamente del Ministerio de Sanidad. En ambos territorios, la totalidad de los abortos practicados en 2024 fueron derivados fuera de la sanidad pública, recurriendo exclusivamente a clínicas privadas. De los 14 abortos efectuados en Ceuta y los 151 en Melilla, ninguno tuvo lugar en centros públicos, contraviniendo el derecho que la ley contempla y que el Gobierno reclama a las autonomías.
Obligación del Estado y plan para solventar la situación
Fuentes del Ministerio de Sanidad han asegurado que se están estudiando soluciones para rectificar esta carencia y garantizar que las mujeres puedan acceder a estos servicios dentro del sistema público, tal y como establece la normativa vigente. Esta transparencia forma parte del compromiso anunciado en julio por el secretario de Estado, Javier Padilla, quien adelantó la posibilidad de emprender acciones legales contra las comunidades que no respeten el derecho al aborto dentro de sus centros públicos.
La ruta obligada hacia Andalucía para quienes desean interrumpir su embarazo
El portal quieroabortar.org, puesto en marcha por los ministerios de Sanidad e Igualdad, revela que las mujeres residentes en Ceuta y Melilla que desean interrumpir su embarazo deben desplazarse a centros privados localizados en Andalucía, principalmente en hospitales y clínicas de Algeciras, Málaga o Sevilla.
Este proceso comienza con un paso por el hospital de su ciudad, donde se les realiza una ecografía y se les deriva a una clínica acreditada. Aunque los costes del traslado y de la intervención están cubiertos por el sistema sanitario, esta situación genera una barrera añadida para las mujeres, quienes deben viajar fuera de sus territorios para acceder a un servicio que debería estar garantizado localmente.
Limitación en métodos disponibles y carencia en recursos
Actualmente, ni el método farmacológico ni el instrumental para abortos están disponibles en los centros públicos de Ceuta y Melilla. Por ello, las derivaciones a centros privados se convierten en la única opción, lo que evidencia una falta de infraestructura y personal para atender estas demandas dentro de sus propios sistemas sanitarios.
Un panorama general que refleja grandes desafíos en España
En 2024, la mayoría de abortos en España se realizaron a través de derivaciones hacia la sanidad privada desde la pública. Según datos oficiales, se practicaron un total de 106.172 abortos. La ministra Mónica García reconoció que muchas comunidades autónomas aún no cumplen con la parte que les corresponde para garantizar el derecho plenamente en la sanidad pública.
Junto con los datos de intervenciones, el Ministerio ha solicitado informes sobre el avance en la creación de un registro de profesionales objetores de conciencia, una medida contemplada en la reforma de la ley de 2023. Esta base de datos permitirá identificar barreras para la provisión efectiva del derecho y facilitará acciones para asegurar su cumplimiento.
Medidas previstas para asegurar el derecho al aborto en todos los territorios
El Ministerio de Sanidad está elaborando un plan de evaluaciones y posibles medidas legales para corregir las anomalías detectadas. La fiscalización a las comunidades autónomas tendrá como objetivo evitar que el derecho al aborto quede condicionado por la falta de recursos o la objeción masiva de profesionales sanitarios.
El seguimiento de este proceso podrá consultarse en la web oficial del Ministerio de Sanidad mscbs.gob.es, donde se publican informes y novedades relacionadas con esta política sanitaria.
Enlaces de interés
- Quiero Abortar – Plataforma de información y recursos
- Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
Conclusión
El Ministerio de Sanidad refuerza su compromiso para que el derecho al aborto se ejerza de forma efectiva y sin discriminación en toda España. La situación en Ceuta y Melilla pone en evidencia desafíos importantes que deben ser atendidos para garantizar la igualdad de acceso a los servicios de salud reproductiva, señalando la necesidad de un sistema sanitario público y accesible para todas las mujeres.
Imagen: www.abc.es
