Caos y problemas tras la implantación del nuevo Registro Único de viviendas turísticas
Desde el 1 de julio entró en vigor el nuevo Registro Único de Viviendas de Alquiler Turístico, regulado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en cumplimiento con normas europeas. Sin embargo, su puesta en marcha ha generado numerosos problemas que afectan a miles de viviendas de alquiler vacacional, especialmente en Andalucía.
Este nuevo sistema, que busca una mayor transparencia y trazabilidad de las viviendas destinadas a cortas y medias estancias turísticas, pretende combatir el fraude y ofrecer seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos. Pero la implementación precipitada en plena temporada estival ha provocado inseguridad, retrasos y numerosas reclamaciones.
Situación actual del registro y cifras destacadas
El proceso de inscripción comenzó oficialmente el 2 de enero, pero la gran afluencia de registros se produjo en la última semana antes del 1 de julio. La agilidad de los datos muestra que, si a finales de junio se contaban 40.000 viviendas registradas, para el 4 de julio la cifra ascendía a 60.000, marcando un incremento del 50%. Dicha cantidad incluye 28.640 registros aprobados, 28.292 en estado provisional y 6.819 revocados.
No obstante, en Andalucía el Registro Andaluz Turístico (RAT) contabiliza unas 147.000 viviendas turísticas, de las cuales sólo 57.000 disponen del Código de Registro Único exigido por el Ministerio. Esto deja a cerca de 90.000 alojamientos en una situación de incertidumbre y limbo jurídico, lo que está generando saturación en las administraciones encargadas del registro, según fuentes oficiales.
¿Son ilegales las viviendas no registradas?
Una de las dudas más frecuentes es si las viviendas que no cuentan con este código son ilegales. La respuesta es que no es ilegal carecer del código de registro. Sin embargo, el Ministerio ha prohibido que estas viviendas aparezcan en plataformas digitales reconocidas como Booking, Airbnb o Expedia. Este bloqueo tiene gran impacto, ya que según la Organización Mundial del Turismo, entre el 83% y 85% de las reservas turísticas se realizan actualmente por internet.
Por ello, las viviendas sin registro o con licencias revocadas solo pueden alquilarse por vías tradicionales, como el boca a boca o publicidad local, limitando significativamente su visibilidad y mercado.
Principales causas de la demora y críticas al proceso
La tardanza en completar el registro se atribuye tanto al factor humano —muchos propietarios dejan la gestión para última hora— como a la complejidad y lentitud de los trámites burocráticos que exigen numerosos documentos administrativos. La elección del 1 de julio como fecha de entrada en vigor, en plena temporada turístic a, ha sido muy criticada.
Problemas técnicos y operativos
Carlos Pérez, vicepresidente de StayAlliance, una alianza de profesionales de alojamientos turísticos en España, explicó que el día de inicio el sistema colapsó debido a incidencias técnicas y operativas en la plataforma de registro. Estas dificultades representan una barrera para que más del 50% de los alojamientos finalicen el trámite, generando inseguridad jurídica en un período de alta demanda.
Además, existe disparidad de criterios incluso entre los registradores. Algunas plataformas digitales aplican estrictamente el requisito del registro, mientras que en otras la obligatoriedad no está clara, aumentando la confusión entre propietarios y usuarios.
Postura del Colegio de Registradores de Andalucía Occidental
El decano Manuel Ridruejo calificó la situación como una «avalancha» de solicitudes, más que un colapso, y destacó que el proceso en sí no es complejo, ya que solo requiere rellenar un formulario online. Sin embargo, la falta de ciertos documentos administrativos puede dificultar la inscripción.
Ridruejo resaltó que el permiso provisional permite operar en las plataformas digitales mientras se resuelve la situación definitiva. Las causas principales de rechazo incluyen viviendas de protección oficial (VPO) que no pueden usarse para turismo, construcciones ilegales o alojamientos sin aprobación de la comunidad de propietarios.
Reacciones de la Junta de Andalucía y el sector turístico
La Junta ha mostrado críticas por la falta de información y comunicación desde el Ministerio, especialmente respecto a las licencias revocadas y los criterios de rechazo. Aunque valora el reglamento europeo que impulsa la medida, Andalucía considera que la aplicación en España presenta problemas de competencia y legales, motivo por el cual han recurrido la norma alegando extralimitación.
Esta situación ha provocado un debate sobre la necesidad de unificar y armonizar las leyes en España, evitando que existan 17 normativas diferentes y un mosaico normativo complicado de gestionar para propietarios y administraciones.
Impacto en plataformas y mercado turístico online
Plataformas digitales como Airbnb, Booking y Exp edia están obligadas, según normativa, a retirar los anuncios de propiedades sin código de registro. Sin embargo, hay indicios de que no todas están cumpliendo estrictamente esta orden, generando preocupación en el sector.
Actualmente, no existe un régimen sancionador específico para las infracciones relacionadas con esta nueva regulación, por lo que se aplican las normativas generales vigentes en ámbito estatal, autonómico y local, lo que representa otro frente abierto en la regulación del alquiler turístico.
Un escenario de incertidumbre y transición
En resumen, la puesta en marcha del Registro Único turístico ha dejado a miles de viviendas en un limbo administrativo, con incertidumbre sobre su futuro legislativo y operativo. Propietarios, plataformas digitales y administraciones coinciden en la necesidad de aclarar, flexibilizar y facilitar los trámites, especialmente en una temporada alta fundamental para el sector turístico andaluz.
La atención a las particularidades de alojamientos rurales y en poblaciones pequeñas, así como una comunicación más fluida y una ampliación de plazos, son algunas de las demandas que podrían contribuir a mejorar la situación actual.
Este proceso, aunque complejo, marca un paso necesario hacia una regulación más transparente, que garantice la seguridad jurídica y la calidad en el mercado del alquiler turístico en España y, en particular, en Andalucía.
Imagen: www.abc.es
