El desplome de la inversión pública en prevención forestal en España
España está enfrentando una crisis forestal cada verano, con cientos de miles de hectáreas afectadas por incendios. Sin embargo, mientras los incendios aumentan, la inversión pública en prevención forestal ha sufrido un recorte alarmante en los últimos años. Desde 2009 hasta 2022, el gasto público destinado al cuidado de los montes ha descendido un 25,6%, y la partida dedicada exclusivamente a la prevención de incendios forestales ha caído un 51,7%, según datos recopilados por expertos y reportados por ABC.
Caída notable en el presupuesto para prevención
Específicamente, la inversión en prevención pasó de 364 millones de euros en 2009 a solo 175 millones en 2022. En comparación, el presupuesto dedicado a la extinción de incendios no ha variado significativamente, manteniéndose alrededor de los 417 millones en ambos años. Este desequilibrio muestra una política forestal que privilegia la extinción sobre la prevención, a pesar de que esta última es más eficaz y menos costosa a largo plazo.
Además, la comparación de cifras nominales no tiene en cuenta el efecto de la inflación, que desde 2009 ha tenido un impacto apreciable, reduciendo el valor real de las partidas presupuestarias en aproximadamente un 36,5%.
La importancia de la prevención: una política forestal miope
Los incendios se pueden controlar y mitigar mucho antes de la llegada del calor intenso del verano. Por ello, las labores de mantenimiento forestal como el desbroce, la creación de cortafuegos, la gestión de la biomasa y otras tareas preventivas deben realizarse en períodos previos al verano. Sin embargo, esta práctica se ha visto postergada, dada la notable disminución de la inversión en prevención.
Como advierten los expertos forestales, mantener el monte en condiciones adecuadas es clave para evitar incendios de gran magnitud que no solo destruyen el medio ambiente, sino también atrasan la recuperación ecológica y afectan a comunidades rurales enteras.
Transparencia insuficiente y datos oficiales limitados
En el plano institucional, la transparencia respecto a la inversión y los datos sobre gestión forestal ha empeorado recientemente. Hasta 2020, la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) producía informes anuales con financiación pública que aportaban datos claros sobre inversión y empleo en el sector. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica asumió esta responsabilidad y desde entonces solo ha publicado cifras hasta 2022, dejando sin datos oficiales tres años críticos en plena crisis climática y con incendios cada vez más severos.
Ante las preguntas reiteradas por la ausencia de información actualizada, las autoridades no han ofrecido respuestas, lo que genera incertidumbre social y dificulta el análisis riguroso de las políticas y la planificación futura.
Contradicciones en la política gubernamental frente a la emergencia climática
Es paradójico que un Gobierno que declara una emergencia climática nacional cuente con un ministerio encargado del reto que no priorice adecuadamente la inversión forestal necesaria para mitigar riesgos.
El abandono rural, el despoblamiento y la disminución de las labores agrícolas tradicionales son factores que contribuyen al abandono de los montes, aumentando la vulnerabilidad ante incendios. Esta situación requiere un compromiso firme y coherente, pero la realidad apunta a una desconexión entre discurso y acción.
España, Europa y la gestión de fondos para la prevención
El problema no solo reside en la inversión nacional, sino también en la gestión de fondos europeos destinados a la prevención y gestión de catástrofes. Según un informe reciente del Tribunal de Cuentas, España ha empleado 170 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en gestión de catástrofes, cifra muy inferior a la de países limítrofes como Portugal (634 millones) y Grecia (640 millones). En prevención, la diferencia es aún mayor: España destinó 221 millones mientras Portugal y Grecia han invertido más del doble.
La distribución interna también refleja grandes desequilibrios. Comunidades como Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha, que acumulan más de un tercio de la superficie afectada por incendios entre 2006 y 2015, solo han recibido el 18% del total de fondos europeos asignados a la materia, según el Tribunal de Cuentas.
Obsolescencia en la metodología de riesgo y clasificación
Por si fuera poco, las autoridades continúan utilizando métodos anticuados para clasificar las zonas de riesgo, lo que limita la efectividad de las políticas públicas y la adecuada asignación de recursos. Esta falta de actualización tecnológica y administrativa retrasa las estrategias de prevención y respuesta.
Consecuencias de la inacción y el abandono forestal
La combinación de la desertización, el cambio climático, el abandono rural y la reducción en la inversión en prevención pintan un escenario preocupante para España. Sin datos claros, sin transparencia ni una inversión adecuada, la ciudadanía percibe que la naturaleza se enfrenta sola a la amenaza creciente de los incendios, pero también que falta voluntad política para abordar este problema de forma real y contundente.
En definitiva, el cuidado y la gestión eficaz de nuestros montes es más necesaria que nunca para preservar el territorio, la economía rural y la salud ambiental del país.
Enlaces relevantes:
- España arde: análisis y cifras
- Tribunal de Cuentas – Informe sobre fondos europeos
- Gobierno e emergencia climática
Imagen: www.abc.es
