La Comunidad de Madrid recurre ante el Tribunal Supremo el reparto forzoso de menores no acompañados

La Comunidad de Madrid presenta recurso contra reparto forzoso de menores no acompañados

La Comunidad de Madrid ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, aprobado por el Gobierno de España el pasado 22 de julio. Este decreto regula el reparto «forzoso y opaco» de menores extranjeros no acompañados (MENA) procedentes de Canarias hacia otras comunidades autónomas españolas.

Motivos del recurso: vulneración de competencias autonómicas

Los servicios jurídicos de la Administración madrileña argumentan que este Real Decreto infringe competencias propias en materia de protección de menores y asistencia social. Desde Madrid califican el reparto como un proceso forzoso, opaco y discriminatorio. Además, acusan al Gobierno central de ejecutar dicha medida con intereses políticos, favoreciendo a sus socios nacionalistas, ya que comunidades como Cataluña y País Vasco quedan excluidas del reparto, sin recibir asignación alguna.

Contexto legal y antecedentes del recurso

Este Real Decreto 658/2025 desarrolla y complementa el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que ya había sido impugnado por 11 comunidades autónomas, entre ellas Madrid. Los recursos previos se basan en la supuesta invasión injustificada de competencias, la falta de urgencia que justifique el uso de un decreto-ley y la inapropiada aplicación de esta figura legal para un ámbito que exige una ley orgánica.

En este sentido, el recurso presentado ahora ante el Tribunal Supremo reafirma estos argumentos, solicitando la suspensión y anulación del reparto forzoso de menores tal y como está decretado.

Solicitudes de documentación y transparencia

Paralelamente al recurso, la Comunidad de Madrid ha solicitado formalmente al Gobierno central la entrega de toda la documentación técnica y jurídica utilizada para diseñar el reparto. Las peticiones se han dirigido a la Secretaría de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, al Ministerio de Juventud e Infancia y al Ministerio del Interior.

Entre los documentos requeridos se encuentran los datos actualizados del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RIENA) desglosados por comunidad autónoma desde 2023, los indicadores utilizados para calcular el reparto (población, renta, tasa de desempleo, número de menores atendidos y ratio de plazas disponibles) y la fórmula de ponderación aplicada según el artículo 35 ter de la Ley Orgánica 4/2000.

Madrid también ha solicitado explicaciones sobre la asignación de 647 menores para esta comunidad frente a la exclusión de Cataluña y País Vasco, así como la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y los informes jurídicos, técnicos y presupuestarios generados durante la tramitación del Real Decreto.

Reacción y análisis de la Comunidad de Madrid

La Administración madrileña considera el proceso arbitrario y discriminatorio, reclamando transparencia y rigor en la gestión del reparto. La urgencia en remitir la documentación solicitada se justifica con la necesidad de proteger los intereses de los madrileños y garantizar la legalidad y control administrativo sobre una medida de alto impacto social.

Importancia del control autonómico en atención a menores

Este litigio pone de manifiesto la tensión entre las competencias autonómicas y las iniciativas estatales en la gestión de la atención a menores extranjeros no acompañados. La Comunidad de Madrid defiende la autonomía en esta materia, que afecta directamente a sus servicios sociales y de protección infantil.

NE