Contexto de la tragedia en la mina de Cerredo
El 31 de marzo de 2025 un grave accidente en la mina de Cerredo, situado en el Principado de Asturias, se cobró la vida de cinco mineros. Según reveló recientemente Santiago Berjano, jefe del Servicio de Minas del Principado, la explotación de carbón en esta mina se estaba realizando de manera clandestina, sin contar con los permisos necesarios para una actividad comercial.
Berjano, con más de 35 años en el sector y responsable de las inspecciones en la mina, discutió en la comisión de investigación la existencia de una estrategia de ocultación por parte de la empresa Blue Solving, encargada de la mina en el momento del accidente. Esta empresa habría estado extrayendo carbón para la venta, pese a que la licencia otorgada era únicamente para investigación y limpieza de galerías.
Estrategia de ocultación y responsabilidades
El jefe del Servicio de Minas aclaró que la empresa desarrolló técnicas para evitar que las inspecciones accedieran a los lugares de explotación. «Hay una connivencia entre la dirección facultativa y el personal», indicó, señalando que si la dirección no permitía el acceso a ciertas áreas, las inspecciones no lograban detectar la actividad ilegal, independientemente de que hubiera avisos o programaciones de visitas.
Esta confusión y ocultación se reflejaron en una reunión celebrada el 6 de marzo, semanas antes del accidente, en donde estaban presentes representantes de la concesión, incluida la familia del empresario minero Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como ‘Chus Mirantes’. Berjano admitió sentirse indignado al saber que ya se extraía carbón ilegalmente mientras se trataba la situación directamente con ellos.
Licencias, concesiones y subvenciones: un entramado complejo
Originalmente, la concesión minera estaba en manos de la empresa Combayl, vinculada a Jesús Manuel Rodríguez Morán. Debido a una inhabilitación del empresario, la mina estaba registrada a nombre de su esposa. Más adelante, la concesión pasó a Blue Solving, sociedad constituida a nombre del hijo de Rodríguez Morán, con un capital social mínimo y prácticamente sin empleados.
El Principado autorizó un Proyecto de Investigación Complementaria para extraer hasta 60.000 toneladas de carbón en dos años, condicionando la actividad al depósito de una fianza por tres millones de euros. Paralelamente, el Instituto para la Transición Justa, en ese momento presidido por la actual ministra Sara Aagesen, concedió una subvención cercana a un millón de euros a la empresa minera.
Inspecciones, multas y la falta de control efectivo
El día de la explosión, Berjano reveló que las inspecciones oficiales llevaban seis meses sin acceder a las áreas problemáticas y el plazo para depositar la fianza había expirado tres meses antes, sin que la empresa cumpliera con ella. Se destacó que, a pesar de detectar irregularidades previas, las sanciones impuestas por la Ley de Minas eran insuficientes para frenar la actividad informal.
Por otro lado, un accidente previo ocurrido en 2022 causó la muerte de un trabajador y dejó a otro mutilado. En ese caso, Blue Solving fue sancionada con una multa de apenas 20.000 euros, monto que se redujo gracias a pronto pago. Berjano sugirió la necesidad de revisar las normativas para endurecer el control en explotaciones mineras.
Condiciones de la mina y aspectos técnicos tras el accidente
Tras la explosión mortal, las inspecciones oficiales entraron en la mina el 8 de abril, constatando en qué condiciones se encontraba la explotación: «parecía el prau de la romería», describió Berjano, haciendo alusión al desorden y a la falta de un control adecuado. Las zonas explotadas carecían de ventilación general, lo que aumentaba el riesgo de atmósferas explosivas, y partes de las galerías estaban en un estado tan deteriorado que amenazaban con desplomarse.
En cuanto a la maquinaria encontrada en la mina, correspondía claramente a la necesaria para la extracción de carbón, como los martillos compresores, lo que demostraba la explotación activa y clandestina de los recursos a pesar de la licencia oficial limitada a la investigación.
Un segundo accidente y promesas incumplidas
Berjano narró que, tras el accidente mortal, la empresa Blue Solving intentó retomar las labores mineras solicitando permiso, pero la solicitud fue denegada hasta que finalice la investigación en curso. Insistiendo en la falta de claridad desde el principio sobre los permisos y el proyecto, lamentó que nunca se detuviera realmente la explotación ilegal pese a los procedimientos en marcha.
Epílogo y reflexión final
La mina de Cerredo presenta una inaceptable confusión entre permisos legales y actividades reales, y refleja las limitaciones en la supervisión minera autonómica y estatal. La tragedia que costó cinco vidas humanas evidencia la urgente necesidad de fortalecer tanto la legislación minera como los mecanismos de inspección y control, para evitar futuras catástrofes.
Referencias y lecturas recomendadas
- Cadena de errores provocó explosión en Mina de Cerredo (ABC)
- Subvención concedida al Instituto para la Transición Justa (ABC)
- Artículos de José Ramón Navarro-Pareja en ABC
Imagen: www.abc.es
