La ministra de Igualdad impulsa la limitación de la objeción de conciencia en el ámbito médico
El debate sobre la objeción de conciencia de los médicos en el contexto de la interrupción voluntaria del embarazo ha vuelto a abrirse tras las declaraciones de Ana Redondo, ministra de Igualdad. Durante el acto de conmemoración de los 40 años desde la legalización del aborto, Redondo subrayó que el derecho a abortar no puede verse modificado ni condicionado por el ejercicio de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
La ministra afirmó: “El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no puede claudicar, no puede ser relegado, no puede ser disminuido a costa de la objeción de conciencia”, haciendo un claro llamamiento a proteger este derecho fundamental ante posibles limitaciones por motivos de objeción personal.
Registro de objetores de conciencia en el sistema sanitario
Hace un año, la ministra de Sanidad, Mónica García, implementó un registro oficial de objetores de conciencia que recopila los nombres de los médicos que manifiestan su negativa a practicar abortos. Este listado se mantiene actualizado por comunidades autónomas y ha suscitado críticas en ciertos sectores médicos preocupados por la posible estigmatización y vulneración de su libertad de conciencia, protegida por la Constitución española.
Controversia y críticas sobre el registro
El registro ha sido cuestionado por algunos profesionales que argumentan que la objeción no es una postura absoluta sino variable en función del caso particular. Algunos rechazan abortar en líneas generales pero aceptan hacerlo en casos excepcionales como anomalías fetales o riesgos para la salud de la madre.
La ley del aborto promovida por Irene Montero ha enfrentado cierta oposición al temer que esta medida pueda llevar a la presión social sobre médicos objetores, afectando a su desempeño profesional y a su derecho de libertad de conciencia.
Falta de personal sanitario que practique abortos y consecuencias
Mónica García ha defendido la necesidad de proteger el acceso al aborto frente a la escasez de profesionales dispuestos a realizarlo en la sanidad pública. El Ministerio de Sanidad reveló que el 81,45% de los abortos practicados en España en 2023 se realizaron en clínicas privadas, evidenciando una demanda que no siempre es cubierta en la red pública.
La ministra García aboga por la recuperación y fortalecimiento del derecho al aborto dentro del sistema público para evitar que las mujeres tengan que desplazarse a clínicas privadas y además soportar posibles presiones o acoso machista en los accesos a estos establecimientos.
Propuesta para reconocer el aborto como derecho constitucional
Otro objetivo señalado por la ministra de Igualdad es conseguir que el aborto sea reconocido como un derecho constitucional. Según Ana Redondo, incluir este derecho en la Constitución serviría para fortalecer y asegurar su respeto ante las oleadas reaccionarias que han surgido en varios países.
Redondo alertó sobre una tendencia creciente a limitar derechos de las mujeres: “Nos quieren en casa, nos quieren calladitas y nos quieren sumisas”. Mónica García también denunció que se están produciendo ataques directos que amenazan la libertad y autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y decisiones reproductivas.
Iniciativas para facilitar la información y recursos sobre el aborto
La ministra de Sanidad junto al Ministerio de Igualdad trabajan en el desarrollo de una página web denominada “Yo quiero abortar”, con el fin de orientar, informar y ofrecer recursos a mujeres que deseen interrumpir su embarazo. Esta plataforma proporcionará guías claras, acompañamiento y respuestas a dudas frecuentes para que ninguna mujer se sienta sola o desamparada durante este proceso.
Además, como complemento a estas medidas, el Ministerio de Sanidad tiene previsto distribuir anticonceptivos gratuitos entre la población joven para reducir el número de embarazos no deseados, como parte de una estrategia integral de salud sexual y reproductiva.
Contexto y enlaces relacionados
Este debate sobre la objeción de conciencia se enmarca en un contexto más amplio de defensa y ampliación de los derechos sexuales y reproductivos en España, país que desde 1985 ha legalizado el aborto y que continúa adaptando su legislación para garantizar el acceso efectivo a este procedimiento.
Para profundizar en las críticas y obstáculos que enfrentan los médicos objetores, puede visitarse el artículo sobre el estigma de estar en el registro de objetores al aborto.
Asimismo, es recomendable revisar las directrices y normativa vigente sobre la objeción de conciencia en el sector público sanitario, conforme a la legislación española y europea.
Imagen: www.abc.es
