Fiscalía revisa planes contra incendios en municipios españoles
El fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha emitido un oficio dirigido a todos los fiscales provinciales con el objetivo principal de comprobar si los municipios con mayor vulnerabilidad ante incendios forestales cuentan con planes de prevención adecuados. Este procedimiento se da en un momento de graves episodios de incendios en diversas zonas de España, donde se ha señalado la falta o una gestión deficiente de estos planes como uno de los factores que agravan la emergencia.
Contexto y motivo de la actuación fiscal
Según el escrito, al que ha tenido acceso ABC, la situación actual es consecuencia directa de la inexistencia o mala aplicación de los planes de prevención. Desde 2024, la Fiscalía ha puesto en marcha una campaña para verificar la existencia de estos planes en todo el territorio nacional, con la intención de interponer las denuncias administrativas que correspondan. Además, en caso de detectarse irregularidades graves, se valorará la posibilidad de iniciar acciones penales.
Obligatoriedad de los planes según la Ley de Montes
Antonio Vercher recuerda que, conforme al artículo 48 de la Ley de Montes, modificada por el Real Decreto-ley 17/2022, los planes de prevención son obligatorios. Las comunidades autónomas deben, en consecuencia, elaborar y aprobar planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, que cubran todo el territorio regional y cuenten con la publicidad necesaria.
Verificación en terreno y colaboración de cuerpos de seguridad
Junto a esta investigación, se ha solicitado la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), agentes forestales y cuerpos de Policía Local para la inspección directa en municipios que presentan mayor riesgo por su orografía, superficie forestal y condiciones climáticas. Esto busca garantizar la existencia real y funcionalidad de los planes.
Reacciones y dificultades en las regiones afectadas
La respuesta de varios alcaldes en zonas como Castilla y León evidencia la preocupación y desconcierto ante las exigencias. José Fernández, alcalde y senador socialista de Puebla de Sanabria (Zamora), reconoce la existencia de planes de evacuación centrados en las zonas urbanas, pero apunta a la comunidad autónoma como responsable de la gestión de parques naturales y áreas protegidas. Este hecho genera un vacío en la protección integral contra incendios que afecta al municipio.
En Cacabelos (León), la alcaldesa Irene González destaca que las normativas varían según la comunidad autónoma y que Castilla y León aún no dispone de un marco legal tan desarrollado como Galicia. Su municipio mantiene desde 2020 una publicación anual que recuerda a los ciudadanos mantener limpias sus propiedades, aunque advierte sobre las limitaciones crecientes relacionadas con recursos y capacidades locales.
Por su parte, Luis Mariano Santos, alcalde de La Cistierna (León), subraya la falta de comunicación y planificación. Señala que las diputaciones provinciales deben coordinar los servicios antiincendios, y lamenta que los municipios continúan sin recibir indicaciones claras ni apoyo suficiente para implementar planes efectivos.
Planes de actuación en Castilla y León y sus limitaciones
A pesar de estas dificultades, la Junta de Castilla y León aprobó en marzo el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (Infocal), que solicita a las entidades locales la cumplimentación de una Guía de Respuesta para reunir datos operativos básicos. A los municipios con mayor riesgo se les pide un plan local específico. Sin embargo, no existe un calendario claro para la implantación de estos planes ni se han celebrado aún reuniones informativas clave para facilitar su desarrollo.
Escasez de recursos, principal obstáculo para la prevención
En Galicia, los ediles afectados denuncian la falta de medios para implementar incluso los planes existentes. Patricia Lameras, alcaldesa de Larouco (Orense), asegura que las franjas de seguridad realizadas no resistieron el incendio más grave de la historia reciente en la región, que superó las 30,000 hectáreas destruidas.
Rafael Pérez, alcalde de La Mezquita (Orense), destaca que los ayuntamientos han recibido competencias sin el respaldo económico ni logístico necesario. Explica que los perímetros de seguridad deberían estar desbrozados en mayo, pero los convenios se resuelven tardíamente, lo que complica la labor de las reducidas brigadas existentes para cubrir amplias zonas rurales.
Reacciones en Extremadura: recursos limitados y críticas a la Fiscalía
Los alcaldes extremeños también muestran su indignación. Daniel Lara, alcalde de Llerena (Badajoz), afirma que se cumplió el plan de prevención en el último incendio, pero destaca que fue gracias al compromiso extraordinario de trabajadores y vecinos con recursos limitados.
Raúl Gordillo, alcalde de Jerez de los Caballeros, califica de «barbaridad» la investigación de la Fiscalía mientras la región todavía permanece afectada por el fuego. Reconoce que existe un plan, pero insiste en la falta de medios para cumplirlo al 100%, afirmando: «carecemos de medios y quien diga lo contrario, miente».
Conclusión
La actuación de la Fiscalía de Medio Ambiente pone de manifiesto la importancia crucial de los planes de prevención frente a incendios forestales, especialmente en municipios con alta vulnerabilidad. No obstante, las voces desde los ayuntamientos afectados subrayan que el principal problema radica en la insuficiencia de recursos y en la falta de coordinación real entre administraciones. Mientras tanto, los riesgos y consecuencias derivadas de los incendios continúan creciendo en España.
Enlaces de interés
Imagen: www.abc.es
