La ministra de Universidades reconoce las dificultades para algunas privadas
En una entrevista realizada en TVE, la ministra de Universidades, Diana Morant, admitió que el reciente decreto aprobado por el Consejo de Ministros podría complicar la continuidad de algunas universidades privadas en España. Según Morant, mientras todas las universidades públicas cumplen estrictamente con las condiciones del nuevo marco normativo, algunas privadas podrían tener serios problemas para adaptarse.
Un cambio significativo en el discurso oficial
Este reconocimiento marca una variación importante en la postura defendida anteriormente por Morant y por la ministra de Educación, Pilar Alegría. Hasta ahora, el Gobierno había insistido en que la nueva normativa no se dirigía contra las universidades privadas, sino que diferenciaba “buenas y malas universidades”, sin distinción entre públicas y privadas. Sin embargo, al considerar que todas las universidades públicas cumplen con los criterios, implícitamente se señala que algunas privadas no lo hacen.
Garantizar la calidad universitaria: el objetivo del decreto
El decreto pretende asegurar que los títulos universitarios otorgados provienen de instituciones que realmente lleven a cabo funciones esenciales como la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento. Morant fue clara al señalar que universidades que no cumplan estas funciones deberían definirse bajo otra denominación, como “academias”, y no como universidades, para mantener la integridad y calidad del sistema educativo.
El impacto en la universidad privada y el ascensor social
La ministra también reflexionó sobre las causas que han impulsado la proliferación de universidades privadas, vinculándolas con una disminución del apoyo a las públicas. Alertó que esta situación afecta el llamado “ascensor social”, ya que muchas familias recurren a préstamos para pagar las matrículas privadas cuando no consiguen acceso a las públicas por las altas exigencias como las elevadas notas de corte.
Morant expuso con el ejemplo de la Medicina, donde la nota de corte en universidades públicas suele ser extremadamente alta (por ejemplo, un 13), lo que deja fuera a muchos estudiantes con buen rendimiento que terminan optando por la privada como única alternativa.
Datos de empleabilidad favorecen a la privada a corto plazo
Contrariamente a la percepción negativa hacia las universidades privadas, el Ministerio de Universidades ha divulgado datos que muestran cómo los titulados de la privada encuentran empleo con mayor rapidez que los de la pública en los primeros años. Según cifras del análisis de la promoción 2018-2019, un 61,3% de quienes estudiaron en la privada se afilió a la Seguridad Social poco después de la graduación, frente a un 53,6% de los egresados públicos.
A los dos años, la diferencia se mantiene favorable a la privada (69,3% frente a 63,7%) pero a los cuatro años son los graduados de universidades públicas quienes alcanzan una tasa de empleo mayor (78,2% frente a 76,4%).
Una regulación con flexibilidad pero firme en calidad
Morant indicó que el decreto incluye periodos de flexibilidad para facilitar la adaptación de las universidades privadas a los nuevos estándares, aunque remarcó que la prioridad es garantizar que todos los títulos universitarios respondan a los mismos criterios rígidos de calidad. Esta medida reforzará la confianza en el sistema universitario español y promoverá la equidad educativa.
Reflexiones finales y contexto actual
El debate sobre la calidad y cantidad de universidades privadas y públicas continúa en España con posiciones encontradas. Mientras el Gobierno apuesta por regular con mayor rigor para evitar la proliferación de titulaciones sin la calidad suficiente, las familias y alumnos afrontan la realidad de notas de corte cada vez más exigentes que condicionan su acceso a la educación superior.
Para profundizar en el tema y conocer más sobre la elección universitaria de los jóvenes, puede consultarse el análisis ¿Por qué la universidad privada no para de crecer? publicado recientemente.
Este desarrollo legislativo tiene un impacto directo no solo en universidades sino también en el futuro de miles de estudiantes españoles y sus familias, por lo que debe ser monitoreado de cerca y debatido públicamente.
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