Condena por administración desleal en cooperativa agrícola de Sevilla
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla impuso una pena de prisión de un año y dos meses al que fuera gerente de la Cooperativa Agrícola San Isidro Labrador (Casil) en Marchena, por un delito de administración desleal. Durante un periodo de aproximadamente tres años, entre 2011 y 2014, José Antonio M.T. se aprovechó de su posición para adelantar créditos y anticipos de manera fraudulenta por un importe superior a los 220.000 euros.
Detalles del caso: cómo se cometió el delito
Según la sentencia emitida el 6 de junio, el exgerente contaba con las facultades necesarias para realizar traspasos de fondos de la cooperativa a las cuentas de sus socios. Aprovechándose de la confianza del consejo rector y su autoridad jerárquica sobre la cajera y el contable, José Antonio M.T. se otorgó a sí mismo anticipos sin tener que devolverlos, incumpliendo los procedimientos normales establecidos para la financiación de socios.
Los fondos procedían de movimiento en caja, cheques o transferencias bancarias y eran transferidos a cuentas personales propias y a las de su esposa, aunque esta última fue absuelta tras demostrar desconocimiento de las operaciones.
La absolución de los otros implicados
Además del gerente, en el proceso judicial fueron sentados en el banquillo la mujer del acusado, quien ejercía de cajera, el contable y otro socio. Sin embargo, los tres fueron absueltos después de que se determinara que no existió connivencia entre ellos y el acusado para cometer el fraude, y que actuaron bajo las órdenes del gerente sin intenciones ilícitas.
Reconocimiento de la deuda y reparación del daño
El exgerente reconoció la deuda mediante un documento notarial firmado en abril de 2015 y comenzó a realizar devoluciones de la cantidad sustraída. Según la sentencia, quedan aún por abonar 75.618,81 euros, una suma sobre la que pesa actualmente una obligación de pago pendiente con oleand Manzanilla Olive Sociedad Cooperativa, entidad en la que Casil se integró desde 2024.
Como indicativo de su voluntad de resarcimiento, el acusado llegó incluso a hipotecar su vivienda para garantizar el pago de la deuda, actitud valorada positivamente por la Audiencia, que aplicó atenuantes en su condena por reparación del daño y por dilaciones indebidas, dado que el proceso judicial se ha extendido por más de diez años.
El esfuerzo por redimir el perjuicio
Los testimonios recogidos por el tribunal señalan el compromiso del exgerente con resarcir el daño causado a la cooperativa, destacando la entrega de bienes personales y la voluntad de restituir la totalidad del importe defraudado. La Sala enfatizó que la cooperativa podría incluso quedarse con la vivienda del acusado para saldar la deuda pendiente.
Respuesta judicial y diferencias con la Fiscalía
La Fiscalía inicialmente solicitó penas más severas para todos los implicados, con hasta cinco años de cárcel para el gerente. Sin embargo, retiró la acusación contra la mayoría y redujo los años de prisión solicitados, al tiempo que rebajó la cuantía defraudada, lo que influyó en la sentencia final. Por su parte, la cooperativa centró la acusación en la administración desleal, consiguiendo a través de este canal judicial la condena y reparación parcial del daño.
La Audiencia rechazó las alegaciones del exgerente que intentaron justificar su actuación comparándola con otros socios y defendiéndose de responsabilidades que no le competían, subrayando que su posición jerárquica implicaba una mayor responsabilidad y especial confianza, no comparable a otros casos.
Contexto de la Cooperativa Agrícola San Isidro Labrador
Esta cooperativa con sede en Marchena, Sevilla, cuenta con más de 2.000 socios y forma parte de la Sociedad Cooperativa Oleand Manzanilla Olive desde 2024. Casil desempeña un papel fundamental en la agricultura local, por lo que los hechos judiciales han tenido una considerable repercusión en el sector y entre sus asociados.
Conclusiones y repercusiones para el sector cooperativo
Este caso pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno dentro de las cooperativas para evitar abusos de cargo y garantizar una gestión transparente y responsable. La sentencia también sirve como ejemplo para otras entidades similares sobre la importancia de contar con órganos de vigilancia efectivos y la aplicación rigurosa de la ley cuando se detectan irregularidades.
En definitiva, la condena a José Antonio M.T. supone un precedente judicial que refuerza la lucha contra la administración desleal dentro del sector agrícola sevillano y subraya la importancia del compromiso ético y legal de quienes ocupan cargos directivos en cooperativas.
Imagen: www.diariodesevilla.es
