Condena histórica a Álvaro Uribe Vélez
El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La sentencia, emitida en primera instancia, ha provocado una profunda conmoción en el panorama político de Colombia y ha desencadenado una ola de reacciones tanto dentro como fuera del país.
Convocatoria a una marcha masiva
En respuesta a esta decisión judicial, el partido Centro Democrático, fundado por Uribe, ha convocado a una marcha para el 7 de agosto. A través de un comunicado oficial, el partido expresó su respeto por las instituciones, pero aseguró estar convencido de que «hoy se está condenando a un hombre inocente: el presidente Álvaro Uribe Vélez, el líder que salvó a Colombia». La movilización se presenta como el clamor de millones de colombianos que rechazan la sentencia.
Significado de la fecha
La elección del 7 de agosto no es casualidad, ya que coincide con el Día de la Independencia de Colombia y con el inicio del último año de gobierno de Gustavo Petro. Según el comunicado del Centro Democrático, esta fecha tendrá un fuerte carácter simbólico y es una señal clara de que «estamos a poco más de un año de poner fin a la noche oscura».
Detalles de la condena y sanciones
Además de la pena privativa de libertad en régimen domiciliario, Uribe, de 72 años, deberá pagar una multa que supera los 822.000 dólares y queda inhabilitado para ocupar cargos públicos durante los próximos ocho años. Esta decisión llega en un momento político delicado, justo cuando Colombia se prepara para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
Acusaciones de irregularidades en el proceso
La familia Uribe ha denunciado posibles irregularidades en la sentencia. Tomás Uribe, hijo del expresidente, señaló que el archivo de la sentencia no es el original, mostrando datos técnicos que apuntan a una edición muy rápida y cuestionando la elaboración de un documento de más de mil páginas en tan sólo 15 días. Además, afirmó que la sentencia sigue de forma literal la teoría de un magistrado específico, generando sospechas sobre la imparcialidad del fallo.
Jerónimo Uribe, otro de sus hijos, acusó al presidente Gustavo Petro de tratar de instaurar un “Estado narcosocialista” usando «acuerdos con narcotraficantes y leyes para controlar la votación en zonas cocaleras» y con una estrategia para neutralizar a la oposición mediante «instigación a la violencia y lawfare».
Posición y respuestas del presidente Gustavo Petro
Frente a estas acusaciones, Gustavo Petro negó cualquier persecución y calificó los señalamientos como una «calumnia». En su cuenta de X, afirmó que la condena fue impulsada por el propio expresidente Uribe, quien inició un proceso legal contra Iván Cepeda y luego dejó su escaño en el Senado, facilitando la actuación judicial.
Reacciones en la escena política colombiana
La condena ha generado reacciones diversas entre aliados políticos y la oposición. La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia denunció en redes una intención política detrás del fallo para eliminar a Uribe de la campaña. Gabriel Jaime Vallejo, director nacional del Centro Democrático, afirmó que la justicia ha sido instrumentalizada para perseguir a la oposición.
Por su parte, el expresidente Iván Duque calificó la situación de «terrorismo judicial» y anunció que quienes hoy condenan a Uribe deberán responder por crímenes de estado y vínculos con el narcotráfico en el futuro.
Apoyo internacional a Uribe
El rechazo a la condena trascendió las fronteras colombianas. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular en España, manifestó que Álvaro Uribe es un «hombre íntegro» y denunció el uso político de la justicia. Este respaldo se une al de 26 expresidentes iberoamericanos, quienes enviaron una carta a la ONU y a la OEA para solicitar que intervengan y salvaguarden el Estado de derecho en Colombia, señalando múltiples «anomalías» en el proceso judicial.
Este grupo incluye expresidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, entre otros, además del opositor venezolano Juan Guaidó.
División de opiniones y debate público
Mientras figuras internacionales respaldan a Uribe, el gobierno venezolano, a través de Diosdado Cabello, celebró la condena, equiparando al expresidente con personajes ligados al crimen organizado.
Estados Unidos también se pronunció en defensa de Uribe. El secretario de Estado, Marco Rubio, criticó la persecución judicial y la instrumentalización del poder por parte de jueces radicales, resaltando el compromiso del expresidente con la defensa de Colombia.
Impacto político y futuro del proceso
La condena a Álvaro Uribe Vélez marca un hito en la historia política colombiana y aumenta la polarización a menos de un año de las elecciones. La movilización convocada para el 7 de agosto será un momento clave para medir el apoyo y la influencia del expresidente y su partido.
El proceso judicial y las reacciones a nivel nacional e internacional evidencian la profunda controversia que sigue generando una figura emblemática en la política colombiana, y cómo la justicia puede intersectar con los intereses y tensiones políticas en un país en plena coyuntura electoral.
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