Justicia boliviana concede arresto domiciliario a Luis Fernando Camacho y libertad a Marco Antonio Pumari

Arresto domiciliario para Luis Fernando Camacho y libertad para Marco Antonio Pumari

La justicia boliviana ha dictado arresto domiciliario con salida laboral para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y ha concedido la libertad pura y simple al exlíder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari. Ambos estuvieron al frente de las movilizaciones ciudadanas en 2019 contra el entonces presidente Evo Morales, cuyas elecciones fueron denunciadas por fraude electoral.

Contexto y alcance de la decisión judicial

La audiencia en la que se resolvió esta medida se realizó el pasado martes, siguiendo un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia que exige verificar de inmediato los plazos de detención preventiva en las causas relacionadas con la crisis política de 2019.

Condiciones del arresto domiciliario para Camacho

Según el abogado de Luis Fernando Camacho, Martín Camacho, el gobernador cumplirá su arresto domiciliario en su residencia de Santa Cruz de la Sierra, con permiso laboral para poder desplazarse a trabajar y con la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales. Además, se estima que el traslado desde La Paz a Santa Cruz podría concretarse en aproximadamente 72 horas, esto dependiendo del resultado de otra audiencia pendiente.

Libertad para Pumari y pendientes judiciales

El defensor de Marco Antonio Pumari, Diego Gutiérrez, confirmó que su cliente obtuvo la libertad total y que será trasladado a Potosí para formalizar su situación jurídica. No obstante, Pumari continúa enfrentando un proceso por la quema de oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TED) y estuvo en prisión durante tres años y ocho meses en la cárcel de Cantumarca. Tras conocer la decisión judicial, Pumari celebró en redes sociales su libertad y expresó su regreso a Potosí.

Antecedentes: Movilizaciones de 2019 y crisis política

En 2019, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari lideraron las protestas contra las elecciones generales que dieron la victoria a Evo Morales, consideradas fraudulentas por la oposición. Después de 21 días de manifestaciones masivas y una crisis institucional marcada por un motín policial, Morales renunció y huyó a México, denunciando posteriormente un golpe de Estado.

La situación política y judicial en Bolivia sigue siendo tensa. Además, en procesos relacionados, la justicia ha definido recientemente que la expresidenta Jeanine Añez no será juzgada por la vía ordinaria en un caso vinculado a las muertes durante la represión en noviembre de 2019, sino que pasará a la Asamblea Legislativa para un posible juicio de responsabilidades.

Reacciones y situación actual en Bolivia

Las decisiones judiciales recientes han desatado manifestaciones tanto de apoyo como de rechazo en las inmediaciones del Tribunal Departamental de Justicia en La Paz, donde se registraron empujones e insultos entre simpatizantes del Gobierno de Luis Arce y seguidores de los líderes cívicos.

La familia de Camacho mostró su alegría por la medida y manifestó la esperanza de que pronto sea una de las últimas noches que pase en el penal de Chonchocoro.

Por su parte, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, hizo un llamado a priorizar el derecho a la verdad y la reparación, recordando que 37 familias aún esperan justicia por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la crisis. El juez David Kasa, encargado del caso, denunció presiones y persecución judicial contra su sala y exigió respeto a la independencia del Poder Judicial.

El proceso político y judicial antes del cambio de gobierno

Estas resoluciones se producen a poco más de dos meses de la transición de gobierno prevista para el 8 de noviembre, posterior a unas elecciones en las que el Movimiento al Socialismo (MAS) perdió la presidencia y el control pleno de la Asamblea Legislativa, marcando un nuevo escenario político en el país.

NE