Contexto y preguntas parlamentarias sobre las pulseras antimaltrato
El 6 de marzo de 2024, dos diputados de Sumar, Nahuel González y Engracia Rivera, formularon un escrito dirigido al Gobierno para manifestar su preocupación por la alarmante escasez de personal técnico encargado de las pulseras para maltratadores en Canarias. En la pregunta parlamentaria enfatizaban que la falta del personal «en la empresa concesionaria» suponía un descenso en la calidad del servicio y ponía en riesgo la seguridad de las víctimas.
Respuesta oficial del Gobierno: sustitución y supervisión del sistema
En su respuesta fechada el 12 de abril de 2024, el Ejecutivo aseguró que estaba en curso un proceso de sustitución progresiva de las pulseras antimaltrato. Informó además que la adjudicación del servicio había cambiado de Telefónica a Vodafone, y que durante esta fase no se desinstalaban los dispositivos antiguos hasta verificar completamente el correcto funcionamiento de los nuevos dispositivos.
De esta forma, el Gobierno trata de garantizar la eficacia del sistema y evitar interrupciones que puedan dejar a las víctimas sin protección.
Advertencias previas y conocimiento del Ministerio de Igualdad sobre problemas
Sin embargo, informes posteriores revelaron que el Ministerio de Igualdad ya estaba al tanto de problemas con los nuevos dispositivos desde enero de 2024. Ángeles Carmona, ex presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, confirmó en una entrevista que tanto ella como el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, habían trasladado a la ministra Ana Redondo y su equipo sus inquietudes durante una reunión.
Estos problemas surgieron tras la adjudicación del servicio a una unión temporal de empresas entre Vodafone y Securitas, realizada en la legislatura anterior dirigida por el equipo de Irene Montero.
Proceso de cambio y colaboración institucional
El Gobierno explicó que la desinstalación e instalación de dispositivos podía realizarse tanto en dependencias judiciales o policiales para los encausados, como en el domicilio o lugar indicado por las víctimas. Además, se solicitó la colaboración de todas las entidades implicadas para facilitar el proceso.
Acusaciones y solicitudes de transparencia
Los diputados de Sumar insistieron en que la falta de personal técnico representaba un retroceso en el sistema y pedían una supervisión rigurosa del servicio concedido.
Por otro lado, diversas entidades, como la Fundación Mujeres presidida por Elena Valenciano, solicitaron explicaciones urgentes al Ministerio de Igualdad para clarificar el alcance real de estos problemas. En un comunicado, la fundación defendió que el sistema de pulseras funciona, pero advirtió que cualquier duda sobre su efectividad podría generar desconfianza entre las mujeres protegidas.
La Fundación Mujeres también instó a las autoridades a evaluar el impacto de las fallas para aplicar las reparaciones necesarias en cada caso afectado.
Contradicciones sobre aviso al Ministerio y confirmación de fallos
Tras la difusión del escándalo, el Ministerio de Igualdad afirmó que el Poder Judicial en ningún momento había advertido a la ministra Ana Redondo sobre problemas en el sistema. Contrariamente, la ex presidenta del Observatorio Ángeles Carmona y la actual presidenta Esther Erice confirmaron en comunicaciones oficiales que se habían realizado múltiples avisos y quejas sobre fallos en las pulseras antimaltrato.
Importancia del sistema de pulseras para la protección de las víctimas
Las pulseras antimaltrato son un elemento clave en la estrategia para proteger a las víctimas de violencia de género, permitiendo un control remoto y una alarma inmediata si se detecta una violación de la orden de alejamiento.
Por ello, la supervisión adecuada y la solución efectiva de fallos técnicos son fundamentales para garantizar la seguridad y confianza en este mecanismo.
Conclusiones y desafíos pendientes
Pese a que el Gobierno informó sobre el proceso de sustitución de las pulseras, persisten dudas sobre el nivel real de afectación y las incidencias registradas. La coordinación institucional y la transparencia ante la ciudadanía son demandas claves de las organizaciones y representantes políticos para asegurar la protección efectiva de las mujeres vulnerables.
En suma, el caso revela la importancia de mantener un sistema sólido, con personal técnico suficiente y protocolos estrictos, para que los dispositivos antimaltrato cumplan su función sin poner en riesgo a quienes más lo necesitan.
Imagen: www.abc.es
