Rechazo de 11 comunidades autónomas al Real Decreto sobre menores migrantes
El Gobierno central ha aprobado un Real Decreto para gestionar el traslado de 3.000 menores migrantes desde Canarias y Ceuta hacia otras comunidades autónomas. Sin embargo, esta medida ha generado una ola de rechazo entre 11 comunidades autónomas, que consideran este decreto como una imposición política y cuestionan la viabilidad y recursos para atender dignamente a estos menores. Las regiones afectadas han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional y otros órganos judiciales con el fin de evitar la aplicación del decreto.
Contexto y motivación de la oposición
Las regiones contrarias a la medida, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular, apuntan a que sus centros de acogida ya están saturados o próximos a su máxima capacidad. Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, señaló que dar atención a los menores en esta situación demandaría recursos por valor de 400 millones de euros para mantener el nivel actual de atención a 322 niños.
Por su parte, el Real Decreto contempla una aportación inicial de 100 millones de euros del Ejecutivo central, destinados sólo para trasladar a los menores y cubrir su atención durante los primeros tres meses. Posteriormente, la responsabilidad y los costes íntegros recaerán en las comunidades autónomas que los reciban. Esta diferencia en las cifras económicas ha sido uno de los puntos críticos en el rechazo generalizado.
Falta de transparencia y críticas políticas en Andalucía
Andalucía, que será la comunidad que más menores acogerá, con cerca de 700 plazas, ha mostrado su descontento a través de declaraciones del presidente Juanma Moreno. Moreno calificó el decreto como un «último y enésimo agravio» por parte del Gobierno central, al tiempo que denunció la ausencia de transparencia en todo el proceso. La región posee una ocupación cercana al 95% en sus centros de acogida, lo que dificulta aún más la implementación.
Medidas legales en otras comunidades
La Comunidad de Madrid, con una previsión de recibir 647 menores, y Baleares, que acogerá a 49 niños, han expresado su indignación y recurrirán a la vía judicial para suspender la aplicación del decreto. En Baleares, el sistema de protección de menores ya soporta una sobreocupación del 1.000%, lo que compromete seriamente la capacidad de atención.
Posiciones políticas y estrategias ante las elecciones autonómicas
El rechazo al decreto también está marcado por la presión política de cara a las próximas elecciones autonómicas, previstas para mediados de 2026. El Partido Popular está empleando esta cuestión como un argumento para denunciar agravios de la administración central hacia las comunidades bajo su gobierno. En Andalucía, el presidente Juanma Moreno y su equipo plantean una defensa férrea para evitar perjuicios a la región, con el objetivo de fortalecer su posición electoral frente al PSOE.
Por otro lado, el PSOE en Andalucía intenta minimizar la percepción del agravio y recalca el compromiso de su candidata para frenar concesiones que consideran desiguales entre territorios. En Valencia, la ministra Diana Morant adopta un discurso más conciliador hacia los acuerdos alcanzados con los socios independentistas, en contraste con las posiciones críticas en otras regiones.
Aragón y la movilización ciudadana contra el cupo catalán
En Aragón, el presidente Jorge Azcón no sólo plantea recursos legales, sino también una «rebelión cívica» contra las ventajas financieras concedidas a Cataluña, otro foco de tensión territorial en la política española. Azcón busca abrir el debate en las Cortes regionales con miras al nuevo curso político.
Isabel Díaz Ayuso lidera la oposición más ruidosa
Destaca el papel de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien calificó el decreto como un «atropello» que «acabará con España». Ayuso ha anunciado que recurrirá ante cualquier instancia necesaria para impedir la ejecución de esta medida, mostrando un firme rechazo político y social.
Desafíos logísticos y económicos para la aplicación del decreto
Hasta el momento, no se ha concretado cómo ni en qué plazo se realizará el traslado de menores, lo que genera incertidumbre en las comunidades afectadas. Además, la insuficiencia de fondos para la atención prolongada de los jóvenes preocupa especialmente, ya que recae en el futuro en las arcas autonómicas.
Impacto en el sistema de protección a la infancia
La carga que supone para las comunidades recibir a un elevado número de menores migrantes puede poner en riesgo el sistema autonómico de protección. Sobreocupación, falta de personal y recursos limitados son algunas de las dificultades que alertan las autoridades locales.
Conclusiones
El Real Decreto del Gobierno central para la redistribución de 3.000 menores migrantes desde Canarias y Ceuta ha provocado un rechazo unánime en 11 comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Madrid, Baleares y otros territorios gobernados principalmente por el Partido Popular. La falta de recursos, la saturación de centros de acogida y la escasa financiación estatal son las principales críticas. La controversia política se intensifica con miras a las elecciones autonómicas, donde este tema se ha convertido en un punto central de confrontación. En este contexto, las medidas legales y acciones de protesta se multiplican en distintos puntos del país.Imagen: www.elmundo.es
