- Jun 29, 2026

El aumento alarmante de la sustracción de menores en España y sus consecuencias legales

La creciente problemática de la sustracción de menores en España

En 2024, España ha registrado un preocupante aumento de los casos de sustracción de menores, con más de 1.321 denuncias en el último año y 443 niños que han desaparecido sin dejar rastro, según datos oficiales del Ministerio del Interior. Estos números reflejan que, en promedio, más de un menor desaparece diariamente por esta causa en nuestro país.

Factores que agravan la situación y el vacío legal

La falta de control en fronteras y el espacio Schengen

Un factor que complica la prevención y resolución de estos casos es que España pertenece al espacio Schengen, lo que permite la libre circulación sin controles fronterizos estrictos. Como explica Carlos Herraiz, abogado de la Asociación de Padres y Madres Separadas, cuando un progenitor decide sacar al menor sin el permiso del otro, puede cruzar libremente a países vecinos como Francia o Portugal, evitando la detección en aeropuertos principales como Barajas.

Ausencia de acuerdo y falta de permiso mutuo

Otro punto relevante es que «nadie pide el permiso del otro progenitor» para la salida del menor, lo que facilita que un progenitor pueda actuar de forma unilateral, como denuncia Javier Somoza, portavoz de la Asociación Niños Sin Derechos (NISDE). Esta organización alerta que la justicia y las autoridades no están preparadas ni tienen mecanismos efectivos para actuar con rapidez en estos casos.

Historias reales y el impacto en las familias

Desde NISDE cuentan casos dramáticos que muestran las consecuencias humanas de estos delitos. Por ejemplo, una madre que tomó a su hija de tres años en proceso de regularización de visitas y que ahora viaja alrededor del mundo, alejada del padre y la familia del menor, que sufre problemas de salud como un parásito intestinal adquirido en India. En otros casos, niños han quedado atrapados en zonas de conflicto como Ucrania, donde la situación de seguridad imposibilita su localización y retorno.

Además, se relata la historia de un joven que, tras ser sustraído por su madre a los seis años, finalmente volvió a España tras haber pasado por una infancia llena de dificultades y sin poder acceder a su expediente por la negativa de la madre a colaborar.

La respuesta institucional y las críticas hacia la administración

Las asociaciones involucradas critican duramente la actuación institucional y judicial. Somoza denuncia un «silencio administrativo» por parte del Ministerio de Justicia y lamenta que la lentitud de los procesos legales y la falta de apoyo a los progenitores afectados convierten la justicia en un proceso insuficiente. Herraiz añade que hay sectores que mantienen el statu quo para que las situaciones de sustracción sigan siendo posibles por la debilidad jurídica y administrativa de los jueces.

La falta de protocolos adecuados para la restitución de los menores es especialmente señalada. A diferencia de otros países que preparan psicológicamente al menor en centros de acogida antes del reencuentro, España se encuentra «en la prehistoria», según Somoza, lo que agrava la experiencia traumática para los niños.

Sustracción de menores y violencia de género: una relación compleja

El delito de sustracción de menores está vinculado en muchos casos a situaciones de violencia de género. La abogada y vicepresidenta de la Asociación de Profesionales contra la Sustracción Internacional de Menores, Carmen Varela, señala que muchas madres recurren a países con legislaciones más protectoras para ellas, como Rusia o Brasil, para sustraer al menor alegando un «grave riesgo». En estas circunstancias, el juez debe valorar la situación de violencia y decidir sobre la restitución del menor, que puede ser denegada si el país receptor no ofrece las garantías adecuadas.

Varela subraya la importancia del orden en que se actúe: la denuncia de violencia debe preceder a la sustracción para proteger a la madre y al menor, y evitar actuar fuera del marco legal que puede conllevar consecuencias negativas a largo plazo.

Casos mediáticos y la percepción pública

El caso Juana Rivas ha servido como ejemplo paradigmático que visibiliza públicamente la problemática. Este episodio mostró la falta de coordinación y la insuficiente preparación de las instituciones para gestionar procesos de entrega y restitución de menores, generando debates y cuestionamientos en la sociedad y entre expertos.

Conclusiones: un problema en aumento que necesita mayor atención

La sustracción de menores es un problema creciente y complejo que afecta a numerosas familias en España. La libre circulación en el espacio Schengen, la ausencia de mecanismos consensuados para autorizar la salida de menores y la lentitud judicial agravan la situación, dejando a muchos padres y madres en una situación de angustia y desamparo.

Una mayor coordinación institucional, leyes más efectivas y protocolos especializados pueden ayudar a proteger los derechos de los menores a no ser separados injustamente de su familia. Mientras tanto, las asociaciones y expertos reclaman mayor visibilidad y una respuesta más contundente a este problema.

Para conocer más sobre normativa y prevención de la sustracción de menores, consulte la información de Ministerio del Interior.

Imagen: www.abc.es

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