Declaración del exdirector Javier Herrero ante la Audiencia Nacional
El exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, se desvinculó este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional de cualquier irregularidad en la presunta trama de adjudicación irregular de obra pública investigada en el caso Koldo. Durante su declaración como imputado, Herrero expresó que las preguntas del exasesor Koldo García, ligadas al exministro José Luis Ábalos, tenían un fin político para rentabilizar las obras durante la campaña electoral municipal, y negó que existiese influencia indebida en los procesos de adjudicación.
Contexto político y consultas públicas sobre licitaciones
Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, Herrero señaló que cuando García le consultaba sobre adjudicaciones, siempre respondía con información pública. Indicó que el exasesor realizaba un seguimiento de las obras porque se encontraba al servicio directo del ministro Ábalos y buscaban aprovechar políticamente los proyectos en marcha, especialmente durante periodos electorales.
Relación y discrepancias con el secretario de Estado Pedro Saura
Herrero reconoció que su relación con el entonces secretario de Estado, Pedro Saura, no era buena, principalmente debido a desacuerdos sobre la obra del Puente del Centenario de Sevilla, uno de los proyectos bajo investigación en la trama. En su declaración explicó que quiso dimitir en una ocasión porque Saura no apoyaba la emergencia para iniciar esa obra, aunque Ábalos finalmente modificó el procedimiento para avanzar con el proyecto.
Este conflicto resalta las tensiones internas en la gestión de contratos públicos y la complejidad de la supervisión en obras estratégicas, en este caso con impacto local en Sevilla.
Mensajes de WhatsApp y posteriores relaciones profesionales
En la investigación, se encontró una conversación de WhatsApp de abril de 2019 entre Herrero y Koldo en la que el exdirector dice «Bingo!!! En Logroño», frase que los investigadores vinculan a una adjudicación millonaria adjudicada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Aquaterra, valorada en 92,4 millones de euros.
Herrero explicó que el «bingo» se refería a la solución de un problema relacionado con una obra durante un contexto electoral. Tras su jubilación, reconoció haber ejercido labores como consultor para Aquaterra, aunque negó conocer a otros implicados investigados, excepto a los hermanos Daniel y Antonio Fernández, de la empresa Obras Públicas y Regadíos, vinculada a la trama.
Negativa a pagar ‘impuesto’ al PSOE y medidas cautelares
Respecto al supuesto «impuesto» exigido al PSOE para altos cargos, Herrero señaló que fue informado de que las donaciones eran habituales y voluntarias, pero negó haber pagado cantidad alguna o rellenado formularios al respecto.
Tras concluir su declaración, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte para Herrero y para Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, quien también declaró como investigada. Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, apoyaron esta petición que fue concedida por el juez instructor Ismael Moreno.
El magistrado atribuye a ambos presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, señalando que existen «motivos suficientes para considerar responsable criminalmente» a los investigados y que no hay riesgo de fuga.
Competencias técnicas limitadas en adjudicación
Sobre su papel en los procesos de contratación, Herrero detalló que su labor se limitaba a la aprobación técnica de los contratos antes de la licitación, mientras que la adjudicación y valoración de ofertas estaban gestionadas por otros órganos, lo que restringía su capacidad de influencia.
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