El Partido Popular no acudirá a la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia
Las comunidades autónomas bajo gobierno del Partido Popular han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia que la ministra Sira Rego había convocado para este jueves. El motivo principal de esta ausencia es el desacuerdo con la propuesta de reparto extraordinario de menores inmigrantes no acompañados (MENA) que el Ministerio iba a exponer durante la cita.
Motivos del PP para no asistir a la reunión
Orden del día impuesto y falta de consenso
Desde el PP alegan que la convocatoria es ilegal por diversos motivos. En primer lugar, porque el contenido del orden del día no fue consensuado con las comunidades autónomas sino impuesto por el Ministerio de Juventud e Infancia. Los consejeros autonómicos afectados aseguran que tuvieron escaso margen para incluir o debatir otros temas importantes que querían plantear. Sin embargo, fuentes del Gobierno defienden que la convocatoria cumple con todas las garantías legales para celebrarse.
Reparto de menores no acompañado: una propuesta polémica
Otro punto de fricción clave es la propuesta que debía presentarse sobre el reparto de 3.975 menores inmigrantes no acompañados, actualmente hacinados en centros de acogida en las Islas Canarias. El PP considera ilegal dicha distribución, ya que perciben que el documento ha sido aprobado unilateralmente y que excluye a ciertas comunidades, particularmente Cataluña y País Vasco, de la acogida obligatoria.
Este reparto extraordinario indica que tres comunidades gobernadas por el PP —Andalucía, Valencia y Madrid— asumirán casi la mitad de estos menores, aproximadamente 2.000, mientras que Cataluña y País Vasco quedan fuera, aunque la Generalitat ha acordado voluntariamente la tutela de 31 menores. Esta medida ha generado tensiones con los gobiernos regionales populares afectados, que cuestionan la equidad y legalidad del reparto.
Contexto y antecedentes del conflicto
La polémica se remonta meses atrás, cuando el Gobierno aprobó una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para agilizar el traslado de menores desde zonas en situación de contingencia migratoria hacia otras comunidades autónomas. A partir de ahí, el proceso ha sufrido múltiples complicaciones, desde exigir información sobre la capacidad de acogida regional hasta la aprobación de partidas presupuestarias para este fin.
Las comunidades gobernadas por el PP han expresado una resistencia constante, alegando que estos traslados parecen diseñados para satisfacer a socios nacionalistas del Gobierno central. En consecuencia, once gobiernos autonómicos con mando popular han impugnado ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto 2/2025 que regula este reparto.
Preocupaciones sobre la capacidad de acogida
Los territorios afectados temen que sus instalaciones no estarán preparadas para asumir la llegada de cientos de menores antes de finales de agosto. Además, han denunciado reiteradamente la saturación de los sistemas de acogida existentes. Estas preocupaciones refuerzan su oposición a los traslados planificados.
Reacción del Gobierno y siguientes pasos
Desde el Ejecutivo, se ha criticado la decisión del PP de no participar en esta última fase de la negociación, que se veía como el broche final para resolver el proceso de reparto tras meses de reuniones. No obstante, el Gobierno ha reafirmado que la ejecución del Real Decreto 2/2025 continúa adelante y que todos los territorios deberán cumplir con las obligaciones establecidas.
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En relación con esta situación, Castilla-La Mancha ha manifestado que asumir actualmente 320 menores inmigrantes es «inviable», según declaraciones de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha pedido una gestión cuidadosa para evitar el rechazo social y garantizar una acogida adecuada. Más información en ABC – Castilla-La Mancha considera que asumir ahora 320 menores migrantes es ‘inviable’.
Imagen: www.abc.es
