Negociaciones entre obispos y Gobierno para un nuevo canal de víctimas de abusos
La Conferencia Episcopal Española (CEE) está trabajando junto al Gobierno para establecer un mecanismo que permita a las víctimas de abusos, que no desean acudir a la comisión PRIVA, presentar sus casos a través del Defensor del Pueblo. Así lo confirmó Francisco César García Magán, secretario general y portavoz de la CEE, durante la rueda de prensa posterior a la reciente Asamblea Plenaria.
Un mecanismo alternativo para víctimas reticentes
La propuesta responde a la inquietud de aquellas víctimas que prefieren no dirigirse a PRIVA, la comisión oficial creada para atender casos de abuso dentro de la Iglesia. En estos casos, el Defensor del Pueblo actuaría como intermediario para canalizar las denuncias, generando un expediente que posteriormente se trasladaría a la comisión PRIVA, que valorará la reparación.
Detalles sobre el proceso y las indemnizaciones
Según ha informado García Magán, el expediente iniciado en la oficina del Defensor del Pueblo incluirá toda la información relevante para que la comisión PRIVA pueda evaluar la reclamación de acuerdo con sus baremos habituales. Esta comisión establece reparaciones que, en muchos casos, incluyen indemnizaciones económicas que varían entre 3.000 y 100.000 euros, además de compensaciones en especie como la cobertura de gastos psicológicos para la atención de las víctimas.
Mecanismo económico sin fondo creado por la Iglesia
El portavoz de la Conferencia Episcopal aseguró que esta nueva fórmula no supondrá la creación de un fondo económico por parte de la Iglesia. El sistema de pagos seguirá siendo el actual: en primer lugar, el victimario es responsable de abonar la indemnización; si no puede, la diócesis o congregación religiosa a la que pertenece cubrirá el pago; y, en última instancia, la Conferencia Episcopal asumirá la compensación para garantizar la reparación si las anteriores instancias no lo hacen.
Propuesta para eximir las indemnizaciones del IRPF
En el marco de estas negociaciones, los obispos han planteado al Gobierno modificar la normativa fiscal para que las indemnizaciones a las víctimas de abusos no tributen en el IRPF, como viene sucediendo actualmente. Este cambio se propone para equiparar la situación con la de otras víctimas, por ejemplo, las de actos terroristas, cuyas compensaciones están exentas de tributación.
Este reclamo surge tras un caso en junio en el que Hacienda informó a una víctima que debía declarar la indemnización como ingreso extraordinario. Desde entonces, la Comisión Ejecutiva de la conferencia episcopal viene trabajando en esta reforma con «confianza» en que el Gobierno respetará los compromisos establecidos.
Avances del plan PRIVA a noviembre de 2025
La Asamblea Plenaria también actualizó el estado del plan PRIVA. A fecha 20 de noviembre, se han registrado 101 solicitudes y emitido 58 dictámenes. Además, hay otros 11 casos en proceso de resolución y más que están tramitándose. El importe total de las reparaciones propuestas asciende a 1.562.880 euros, situando la indemnización media en 30.644,7 euros, una de las más elevadas de las Iglesias europeas.
Casos controvertidos y declaración de la CEE
En la rueda de prensa, también se abordaron casos de abuso concretos, como la reciente investigación abierta contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, denunciado por abusos ocurridos en los años 90. Aunque Zornoza no participó en la Asamblea, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, calificó la denuncia como «verosímil» y recordó que ya hay un proceso judicial en curso.
García Magán resaltó la importancia de respetar la presunción de inocencia y la necesidad de que las víctimas puedan presentar sus casos para ser atendidos adecuadamente. También defendió la libertad de opinión ante los comentarios sobre otros obispos, como José Ignacio Munilla.
Impacto y próximo desarrollo
Este esfuerzo conjunto de obispos y el Ministerio de Justicia muestra una evolución en la atención a las víctimas, buscando canales más accesibles y una mayor protección jurídica y social. Además, la propuesta para aliviar la carga fiscal sobre las indemnizaciones apunta a una mayor sensibilidad hacia las víctimas.
El trabajo de la Comisión Ejecutiva de la CEE continuará para concretar y cerrar el mecanismo negociado, en el que el Defensor del Pueblo tendrá un papel decisivo como intermediario.
Para más información sobre temas relacionados, puede visitar nuestra sección de Ministerio de Justicia o consultar la página oficial del Defensor del Pueblo.
Imagen: www.abc.es
